El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al ministro de Hacienda, Arcadi España, que se abstenga en la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre la propuesta de financiación autonómica, con el objetivo, según el Ejecutivo regional, de que el resultado refleje la posición de las comunidades autónomas.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, realizó esta petición antes de la reunión del CPFF celebrada en Madrid y planteó también la retirada de este punto del orden del día. El representante autonómico defendió la existencia de modelos alternativos y criticó que las propuestas planteadas por las comunidades autónomas no hayan sido incorporadas al debate.
Juan Alfonso Ruiz Molina reiteró la oposición del Gobierno de Castilla-La Mancha al modelo planteado por el Ejecutivo central y justificó esta posición en tres aspectos: el procedimiento seguido para elaborar la propuesta, los criterios sobre los que se sustenta y las consecuencias que, según el Gobierno regional, tendría para Castilla-La Mancha.
Críticas al procedimiento de negociación
El consejero aseguró que el modelo se habría negociado inicialmente con ERC y posteriormente habría contado con la participación del Partido Socialista de Cataluña.
Desde el Gobierno regional consideran que esta forma de negociación no ha permitido incorporar suficientemente las aportaciones realizadas por otros territorios.
Ruiz Molina afirmó que las propuestas formuladas desde el resto de comunidades autónomas “no han tenido ningún resultado” y defendió que la financiación autonómica debe abordarse mediante un acuerdo que tenga en cuenta al conjunto de los territorios.
Estas declaraciones se produjeron antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que Ruiz Molina acudió acompañado por el director general de Presupuestos de Castilla-La Mancha, Isidro Hernández.
Castilla-La Mancha cuestiona el principio de ordinalidad
La segunda objeción planteada por el Ejecutivo autonómico está relacionada con el denominado principio de ordinalidad.
Según explicó Ruiz Molina, este criterio supondría que las comunidades con una mayor concentración de habitantes con rentas altas recibirían una financiación superior.
El consejero defendió que el sistema de financiación autonómica debe garantizar el acceso de los ciudadanos a unos servicios públicos equivalentes y con el mismo nivel de calidad, independientemente de su lugar de residencia y de la capacidad económica del territorio en el que vivan.
El Gobierno regional asegura que Castilla-La Mancha empeoraría su posición
El tercer argumento expuesto por Ruiz Molina se centra en el impacto que tendría el nuevo modelo sobre las cuentas autonómicas.
El titular de Hacienda aseguró que, con la propuesta planteada, Castilla-La Mancha empeoraría su posición relativa respecto al actual sistema y pasaría a ser, según sus cálculos, “la peor financiada en términos relativos”.
El Gobierno regional sostiene por este motivo que el debate sobre el nuevo sistema no debe centrarse exclusivamente en los principios de distribución de los recursos, sino también en las consecuencias que tendría para la capacidad de las comunidades autónomas de financiar los servicios públicos.
Ruiz Molina señaló que su participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera responde a la representación institucional de Castilla-La Mancha y a la defensa de los intereses de la ciudadanía de la región.
La posición expresada por el Ejecutivo autonómico se produce en el marco del debate entre el Gobierno central y las comunidades sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, cuya propuesta deberá continuar su tramitación y negociación entre las diferentes administraciones.